El Senado de la Nación otorgó media sanción al proyecto de ley S-1844/26 que redefine por completo el régimen de cabotaje nacional. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados, habilita la libre navegación y el comercio entre puertos argentinos para buques de bandera extranjera, al tiempo que introduce un paquete de alivio tributario y desregulación operativa para intentar reactivar el transporte por agua.

La norma llega en un escenario de parálisis casi absoluta para la logística fluvial y marítima doméstica, donde la distorsión tarifaria alcanzó niveles críticos para el complejo del Cordón Industrial. Según relevamientos del sector, la situación actual es tan absurda que hoy cuesta prácticamente lo mismo trasladar una tonelada de urea desde Bahía Blanca hasta San Lorenzo que importarla directamente desde la India.

Apertura de bandera, alivio fiscal y contenedores

El artículo 1° del texto aprobado establece que la navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional podrán ser realizados libremente tanto por buques de bandera argentina como por embarcaciones extranjeras. No obstante, el proyecto mantiene reservadas exclusivamente para la matrícula nacional actividades estratégicas: la pesca, el remolque de maniobra de buques oceánicos, lanchas de amarre y de prácticos, navegación deportiva, el transporte de hidrocarburos líquidos o gaseosos —con excepción del gas natural licuado (GNL)—, el apoyo a la exploración costa afuera y la regasificación de GNL.

Para los buques extranjeros, la ley fija que deberán informar previamente su ingreso y período de operación a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a través de sus agencias marítimas. En materia laboral, las tripulaciones se regirán por la legislación del país de abanderamiento —con el Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC 2006) como piso mínimo—, aunque si la ley de su bandera lo permite, tras 180 días de operación deberán priorizar gradualmente a tripulantes argentinos o con residencia permanente. Además, queda expresamente prohibida la operatoria de buques vinculados a empresas que hayan prestado servicios a firmas no autorizadas para explorar hidrocarburos en la plataforma continental argentina, bajo las sanciones de la Ley 26.659.

En paralelo, la iniciativa busca compensar la competencia externa mediante incentivos específicos para los buques de bandera argentina dedicados al cabotaje no reservado. Entre las medidas centrales se fija una alícuota del 25% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada de inversiones en un mínimo de dos cuotas anuales y la exención en el punto de carga del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del impuesto al dióxido de carbono.

El proyecto también introduce reformas operativas reclamadas hace años por los cargadores: elimina los plazos de caducidad para los contenedores en admisión temporaria (exigiendo solo un reporte anual), otorga plena validez jurídica al conocimiento de embarque digital y establece que la mercadería nacional con destino al exterior perfeccionará su libramiento en el puerto de origen, evitando nuevas verificaciones físicas en puertos de transbordo salvo denuncia o alerta de riesgo. A su vez, crea un procedimiento sumarísimo de 15 días hábiles para el cese de bandera y permite arrendar a casco desnudo buques extranjeros con tratamiento nacional de hasta 20 años de antigüedad.

El respaldo de la agroindustria

Tras conocerse la votación en la Cámara alta, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) salieron a respaldar públicamente la media sanción. Desde la entidad agroexportadora remarcaron que el esquema vigente expulsó a las cargas agrícolas del agua.

“Hoy mover carga por agua entre puertos argentinos tiene costos que lo vuelven inviable para granos e insumos agropecuarios, en especial los fertilizantes”, señalaron desde la cámara, valorando tanto la libre navegación como la quita del impuesto a los combustibles, el libre flujo de contenedores y las herramientas tributarias para que la flota local pueda crecer y ofrecer estándares internacionales.

El avance paraguayo y los costos que la ley no toca

Sin embargo, puertas adentro del negocio naviero y portuario, el entusiasmo oficial y agroexportador convive con un profundo escepticismo. Expertos en navegación consultados por SL24 coinciden en señalar que los verdaderos ganadores de esta desregulación serán los armadores paraguayos, quienes cuentan actualmente con una flota sobredimensionada respecto de su propia capacidad de generar cargas.

Según advierten los especialistas, ese dominio regional sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay se verá aún más potenciado por la incorporación de nuevas barcazas brasileñas que se encuentran en plena fabricación para bajar mineral de hierro desde Corumbá, generando una oferta de bodega extranjera frente a la cual la diezmada Marina Mercante argentina —debilitada tras décadas de deterioro estructural— difícilmente pueda competir en igualdad de condiciones.

Por último, referentes del sector ponen en duda que la sola apertura de banderas logre abaratar de forma sustancial los fletes domésticos. Sostienen que la ley ataca apenas una fracción del problema, ya que deja intactos los verdaderos nodos que explican el sobrecosto de la logística fluvial argentina: la burocracia y los procesos de la Aduana, las tarifas portuarias, el esquema de estiba y los costos de los amarraderos, factores sin los cuales el traslado interno de insumos como la urea seguirá perdiendo frente a los fletes oceánicos desde el otro lado del mundo.

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Fuente: SL24 – EPA

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