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¿Más barato por docena?

Carolina Losada denunció que en una esquina de Rosario vendían bebés a $60.000

La senadora nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe lo contó este sábado a la noche en el programa de Mirtha Legrand. Fue cuando estaba comentando que presentó un proyecto por la tipificación de la venta de niños.


La senadora nacional de Juntos por el Cambio por Santa Fe, Carolina Losada, denunció que en una esquina de Rosario se vendían bebés por “60 mil pesos”.

La legisladora lo contó en el programa La noche de Mirtha cuando estaba comentando que presentó “un proyecto por la tipificación de la venta de niños“.

“Es algo que parece obvio como el lemon pie de limón, pero en Rosario en la esquina de un barrio vendían bebés por $60.000″, denunció Losada.

Losada presentó un proyecto para que sea incorporado al Código Penal Argentino el delito de venta de niñas y niños.

“La venta de un niño o niña tiene que ser penada con una figura concreta y especial, debido a la gravedad del hecho. Estamos llevando una solución para ese vacío legislativo tan peligroso”, señaló la senadora.

Según detalló la legisladora, en la actualidad la legislación vigente no impide penalmente la entrega de un niño o niña a cambio de dinero y otra contraprestación, sino que plantea sanciones a otros supuestos de hecho como el ocultamiento o supresión de la filiación.

Según lo expuesto en comisiones, el proyecto busca crear una figura penal especial para adultos que aprovechen la condición de vulnerabilidad de menores para venderlos a cambio de dinero y otras contraprestaciones, así como existe para casos de violencia sexual.

Losada recordó que desde el año 2003, mediante la sanción de la Ley 25.763, Argentina aprueba el Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, el cual complementa la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, pero no tiene prevista en dicha ley un tipo penal que sancione dichas conductas.

El protocolo al cual Argentina adhería como Estado Parte, manifestaba entre otras consideraciones la preocupación por la creciente práctica de la venta de niñas y niños, grupo especialmente vulnerable que debía ser protegido jurídicamente.

Dentro de las obligaciones establecidas por dicho tratado, Argentina no cumplió con adoptar medidas para que este tipo de conductas queden íntegramente comprendidas en la legislación penal interna de cada país.