El exfiscal Gustavo Ponce Asahad recuperó su libertad a fines de septiembre del año pasado, después de firmar un juicio abreviado y pasar 14 meses en prisión. Había sido imputado el 4 de agosto de 2020 junto a su superior, el entonces fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, por recibir pagos mensuales de entre 4 y 5 mil dólares por parte de Leonardo Peiti, un capitalista de juego clandestino de Santa Fe.
Ponce Asahad logró una considerable reducción de la pena al acogerse al régimen del imputado colaborador. Para ello, aportó datos relevantes a la investigación del juego clandestino. Destapó una olla que salpicó, y que hasta el día de hoy lo tiene en el ojo de la tormenta, al senador provincial Armando Traferri, entre otros.
Primero apartado de su cargo y luego removido por la Legislatura, Ponce Asahad asegura que se gana la vida asesorando y derivando casos a abogados amigos porque no puede ejercer la profesión: tiene la matrícula suspendida hasta 2023. “Lamento también no poder dar mi cátedra de Derecho Político en la Facultad de Derecho”, dice.
En una entrevista con Marcelo Fernández para el programa “Así estamos”, que se emite los domingos a la medianoche por Telefe Rosario, el polémico exfiscal aseguró que atraviesa por un profundo proceso de reflexión y arrepentimiento por lo que hizo: “Cometí un error de juicio por el que siempre le pediré perdón a la sociedad, fui condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo”.
“Mi pena se redujo porque tuve la valentía de declarar en sede judicial y todo lo que dije se pudo comprobar. Todos los datos que di eran ciertos”, expresó.
A la hora de señalar cómo fue el inicio de la causa que lo tuvo involucrado, Ponce Asahad no dudó ni un instante: “Acá hay un personaje central que es el senador Armando Traferri, quien no puede ser llevado a audiencia imputativa a pesar de la carga de información con que cuenta el MPA. Traferri sigue protegido por sus fueros. Esto comenzó por una orquestación suya junto con el doctor Serjal. Quien armó las piezas y puso en contacto a los distintos actores fue Traferri, y lo hizo en una reunión con Serjal que se celebró en los altos del palacio viejo de Fiscalía en calle Montevideo. Allí empezaron a armar esta cuestión”.
El nombre de Traferri salió en varias ocasiones de los labios del exfiscal durante la entrevista, por eso lo señaló como “el personaje central” de esta historia. “Recuerdo muy bien cuando en mi audiencia imputativa, el 4 de agosto de 2020, se escucha un audio en el que un tal (Darío) Scataglini, que había sido diputado, se comunica con la secretaria de Peiti y dice llamar en nombre del senador Traferri. Scataglini, diputado mandato cumplido, fue incorporado al cuerpo de asesores del presidente del PJ (Ricardo) Olivera a pedido del presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, el doctor (Rafael) Gutiérrez”, indicó.
“El mismo Peiti declaró cómo era su vínculo con el senador Traferri e incluso involucró a diputados -siguió-. En las cuestiones relativas al funcionamiento interno del Ministerio Público, está el caso de los autos Toyota propiedad del doctor Serjal. Si bien fiscales y jueces teníamos sueldos importantes que nos permitían un buen pasar, no daban como para que alguien pudiera comprarse dos Toyota de un solo saque, y encima en una agencia que había estado involucrada en una causa judicial y por la que Serjal ordenó a los fiscales instructores que desestimaran todo. Entonces está visto que había una transversalidad”.
Ponce Asahad insistió también en el vínculo cercano entre Traferri y el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez: “Si la Justicia pidiera testimonios de la cantidad de visitas que el senador Traferri tiene en la Corte Suprema de Justicia durante su estancia en Santa Fe capital, le puedo garantizar que pueden hacer tomos de biblioteca de lomos importantes. Y eso es por la relación que tiene con el presidente Gutiérrez”.
Luego, para reforzar su teoría sobre ese fuerte vínculo entre el legislador y el titular del máximo tribunal de Justicia de la provincia, señaló: “Cuando los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra pidieron la inconstitucionalidad de los fueros para imputar a Traferri, la jueza de primera instancia (Eleonora) Verón mantuvo ese pedido; luego de la apelación, el juez (José Luis) Mascali, en un fallo muy bien fundamentado, hizo lugar a la solicitud de la Fiscalía; entonces el senador volvió a apelar y la Corte Suprema mantuvo la constitucionalidad: votaron todos a favor menos el doctor (Daniel) Erbetta”. Y añadió: “Hay tres ministros de la Corte que se tendrían que haber excusado y no emitir voto porque es pública y notoria la relación que tienen con Traferri. Ellos son Gutiérrez, el doctor (Roberto) Falistocco y la doctora (María Angélica) Gastaldi”.
Según su opinión, “Santa Fe ha trasvasado los límites del verdadero funcionamiento institucional; la promiscuidad que se da en el marco de los tres poderes del Estado es asombrosa”. Y agregó: “En su momento, cuando hablé de Traferri, anticipé que la política se iba a abroquelar y no resultaría sencillo llegar a él. Y así ocurrió. Fíjese, para comparar, que la expresidenta Cristina Fernández, solita con su alma y sin fueros, acudió un día ocho veces a indagatoria ante el juzgado del doctor (Claudio) Bonadío. Como sea, ¡se presentó!”.
Rodenas nunca dio explicaciones
Para Ponce Asahad hay otro personaje clave en el entramado de relaciones y complicidades que mezclan a la política con hechos oscuros: la vicegobernadora Alejandra Rodenas.
“Durante un procedimiento judicial, la vicegobernadora Rodenas apretó bajo amenazas al exfiscal Serjal, y lo mismo hizo con los fiscales que tenían esa causa y a su vez llamó más de diez veces a la jueza que había ordenado el allanamiento de un rancho en la isla, una propiedad de Rodenas adonde la Justicia fue a buscar (al capo narco Esteban) Alvarado. ¿Antes había sido de Alvarado esa casa? Formalmente, nadie dio una explicación por esto. En la causa de Alvarado hay escuchas telefónicas en las que esta persona solicita el auxilio de la doctora Rodenas”, planteó.
Luego, aseguró que su remoción del cargo de fiscal fue ilegal, en una decisión en la que participó la vicegobernadora en su rol de presidenta de la Asamblea Legislativa. “Yo ya había tenido la dignidad de pedir un apartamiento provisorio del cargo y la me había suspendido por 180 días con la quita del 50 por ciento de los haberes”, relató. “Pero en octubre de 2021, en mi lugar de detención, recibí una nota con las firmas de Rodenas y Rafael Gutiérrez para informarme que entre gallos y medianoche la Asamblea Legislativa había votado mi remoción del cargo. Puse un abogado en la ciudad de Santa Fe a quien le prohibieron acceder a la documentación de la comisión de Acuerdos, no pude defenderme, no tuve un debido proceso”, sostuvo.
“Todo tiene una raíz: la ley Traferri de disciplinamiento de los fiscales. Por una denuncia del doctor (Jorge) Boasso se comenzó a investigar el manejo de los subsidios de los senadores. En una causa por ese tema se descubrieron inconsistencias y lo primero que hizo Serjal cuando asumió como fiscal regional fue apartar a los dos fiscales a cargo de la investigación. Ahí hay que buscar la raíz, porque el tema de los subsidios atraviesa a todos los senadores y son los mismos que protegieron a Traferri e impidieron que se aplicara en Santa Fe el principio de igualdad ante la ley”, enfatizó.
“¿Qué esconde Traferri que no se pone a disposición de la Justicia? -se preguntó- Fíjese la diferencia con el senador (Lisandro) Enrico, que cuando fue nombrado en la causa se puso a disposición de la Fiscalía. En cambio, Traferri se defiende desde la banca que el pueblo le dio en el Senado de la provincia y no pone lo que debe poner ni da la cara. Primero se defendió con el apoyo del doctor (José Luis) Vázquez, quien está llamado a indagatoria por delitos de lesa humanidad en la Justicia federal; y ahora con el doctor (Oscar) Romera. Y tiene también el apoyo de la vicegobernadora Rodenas, quien pidió el archivo de la causa de Traferri; esto es para preguntarse qué piensa el gobernador Omar Perotti. Es de una gravedad institucional escandalosa”.
Por último, Ponce Asahad valoró su comportamiento a partir de que se conoció el escándalo del juego clandestino. “Esta causa se fue esclareciendo gracias a los testimonios que prestamos los imputados, y en mi caso lo hice a partir de un profundo proceso de reflexión. Soy una persona de fuertes valores religiosos y sentí que mi vida tuvo un quiebre. A los 50 años cometí este error gravísimo, pero hasta entonces transcurrí mi vida de manera correcta”, concluyó.
