El abogado Juan Lewis, quien defiende a cinco de los once presuntos imputados en el marco de la investigación por supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Marcelo Sain como ministro de Seguridad, cuestionó con severidad el proceso que lleva adelante la Fiscalía Regional I de Santa Fe y se refirió a las novedades de los últimos días que podrían cambiar la historia de esta causa debido a la recuperación de información de un disco rígido.
A la hora de enumerar algunas decisiones que se han tomado durante la investigación sobre exfuncionarios del Ministerio de Seguridad, a quienes se acusa de espionaje, Lewis apuntó que “los fiscales convocaron a algunas personas presuntamente espiadas; a personas muy puntuales, no a cualquiera, sino a las que tendrían cierta relevancia como para seguir manteniendo la estatura de la causa. Así, por ejemplo, llamaron al director de un multimedios, a un diputado provincial que fogoneó la denuncia, a un sindicalista. Uno por uno los llamaron por teléfono para que se constituyeran como querellantes”, indicó el abogado, quien si bien aclaró que esta acción “no está prohibida”, se trata de una maniobra “poco común, que está denotando alguna animosidad o alguna inclinación de la Fiscalía, que debería moverse de manera objetiva de acuerdo a la ley: llamar a todos o no llamar a nadie”.
En diálogo con Marcelo Fernández en el programa “Con sentido común”, que se emite por CNN Radio Rosario, también señaló que en su rol de abogado defensor los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez le negaron el acceso a las pruebas del expediente a la par que se ventilaban detalles de la investigación en algunos medios de comunicación: “Se opusieron varias veces a mostrarnos las cosas hasta que en la Cámara logramos que un juez dijera que era inadmisible que no se revelaran los elementos del legajo”. Y más: “El mismo juez (Sebastián Creus) dijo que le llamaba la atención las demoras que había en la causa, que no se mostraran las pruebas y que no se procediera a hacer una imputación que pusiera algo de claridad; y obviamente en el marco de esa urgencia los fiscales tuvieron que explicar lo que estaban investigando y el juez evaluó que de las cosas que dijeron no surgían los mínimos elementos para sostener la figura de espionaje”.
Lewis, exministro de Seguridad provincial, se refirió al llamativo hecho del testigo que aportó un disco rígido con información que comprometía a los exfuncionarios de Sain, pero que sin embargo al ser analizado por expertos se recuperaron datos que habían sido eliminados y desenterraron datos valiosos. “Allí pudimos enterarnos de un montón de cosas, como que un empresario de los medios que pretende ser querellante tiene una causa penal en su contra”, apuntó. Y añadió: “También que aparece un perfil del señor (Jorge) Molina, referente de UPCN, con información patrimonial muy detallada y también de todo su entorno familiar y laboral, donde se indica su participación en distintas sociedades y que daba cuenta de la fortuna reunida por todo este grupo”.
Se pudo comprobar que estos datos, oportunamente eliminados y ahora recuperados, fueron recolectados entre 2017 y 2018. “Ninguna de las personas imputadas, ni los cinco que yo defiendo estaban en funciones; sí existían otras personas que están identificadas en la gestión de Pullaro”, resaltó Lewis.
No obstante, aclaró que “esta forma de recolectar información no es espionaje, se hace con la misma base que puede tener cualquier empresa o estudio jurídico que se dedique a cobranzas, por qué no las va a tener el Estado. Nada de lo que se imputa tiene que ver con intercepciones telefónicas o allanamientos, de las cuales se necesite la orden de un juez para que tengan validez”.
Según Lewis, la causa “tiene un futuro de finalización inminente”, pero “sigue abierta y genera molestias a las personas investigadas y se tergiversa la información”. Y remarcó lo que a su entender es un hecho por demás llamativo: “No se imputó todavía a ninguna persona, no sólo a mis defendidos, a nadie”.
A la hora de señalar quiénes son, según su opinión, los interesados en motorizar una causa que hasta aquí no demostró solvencia jurídica para sostenerse, Lewis indicó que “hay varios intereses que confluyen”. Y detalló: “En primer lugar esto tiene que ver con diferencias políticas en el manejo del Ministerio de Seguridad, porque esto eclosionó con la salida de Sain. En segundo término, hay quienes aparecieron en esa lista como presuntos espiados que si bien al principio no promovieron nada, ahora sí están interesados en saber por qué los investigaron en su momento”.
“En tercer lugar, el año que viene se renuevan las autoridades del Ministerio Público de la Acusación y hay gente que está jugando fuerte”, manifestó Lewis, quien no dudó en apuntar que el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, está trabajando para quedarse con el lugar de fiscal general, puesto que hoy ocupa Jorge Baclini y cuyo mandato vence en 2023 y no puede ser renovado. “Indudablemente, estos dos fiscales (Hernández y Jiménez) responden a Arietti”, concluyó.
