Dos concejales de Cañada de Gómez denunciaron penalmente a la intendenta de esa ciudad, Stella Clérici, por presunta malversación de fondos que corresponden a la Asociación de Bomberos Voluntarios. Esta irregularidad, aseguran, se mantiene desde hace más de diez años por la particular interpretación de un artículo de una ordenanza.
“Podríamos estar ante un caso de corrupción por parte de la intendenta Clérici, por eso recurrimos a la Justicia, ya que consideramos que se está ante la presunta comisión de los delitos descriptos en los artículos 260 y 261 del Código Penal. Queremos que Bomberos reciba el dinero que sale del bolsillo y del esfuerzo de los cañadenses. Sin avivadas en el medio”, explicó uno de los denunciantes, Matías Chale, quien integra el bloque UCR-Juntos por el Cambio junto con Luciano Travaglino.
La denuncia fue presentada este miércoles ante la Fiscalía de esa ciudad santafesina y refiere al incumplimiento de dos ordenanzas (Nº 745 y Nº 1242) que crearon oportunamente un fondo destinado a la Asociación de Bomberos Voluntarios. Estos recursos se obtienen del 10 por ciento del Drei que se le cobra a los comercios y a los inmuebles rurales de Cañada de Gómez.
En este sentido, los concejales opinan que hay argumentos para considerar que existen irregularidades del Ejecutivo que se vienen acumulando desde hace más de diez años. “El municipio les cobra a los comercios y a los productores rurales para financiar a la Asociación de Bomberos Voluntarios. El problema es que esos fondos no llegan a destino como corresponde. ¿Entonces dónde están?”, planteó Chale.
Por su parte, Travaglino apuntó que se llegó a la instancia de la denuncia penal ante la negativa del gobierno de Clérici de dar explicaciones sobre el destino de una cifra que consideran millonaria. “Debatimos en el Concejo y no pasó nada; nos reunimos con la Comisión de Bomberos y la gestión de Clérici sigue sin responder. ¿Dónde está la plata que los vecinos de Cañada pagaron todos estos años para ayudar a los Bomberos?”, se preguntó.
El punto de la discordia está en la ordenanza Nº 7353, de 2011, que se creó cuando Bomberos se constituyó como asociación civil y dejó de pertenecer al cuerpo municipal. A través del artículo Nº 2 de esa norma, el Ejecutivo se adjudica la facultad de administrar los recursos económicos de Bomberos (que recibe a través del Drei) para asistirlo “con los fondos necesarios para cubrir las necesidades que debidamente acredite la asociación, a los fines de contribuir al mejor cumplimiento de sus funciones; debiendo rendir cuentas al municipio en forma semestral…”.
Para los ediles Chale y Travaglino, el Ejecutivo “hace una interpretación forzada y para su conveniencia” del polémico artículo 2 de la ordenanza 7353.
