En las últimas semanas, se empezaron a visibilizar nuevamente extorsiones a comercios y Pymes, entre los que se destacaron las balaceras a las plantas de La Virginia y de Razzini Materiales. El ataque consistió en una balacera, en la cual hubo tres impactos de bala en el frente del local, y una amenaza por escrito: “Retirá la denuncia porque no abrís nunca más. Att. Camioneros”. Este fue el mensaje mafioso que recibió, Verónica Razzini, en una de las sedes de su empresa de distribución de materiales de construcción en Rosario.
Verónica Razzini, titular de la firma, preside junto con otros dueños de Pymes en la Argentina, el grupo MEAB (Movimiento Empresarial Anti Bloqueos), y ante este escenario de mafias y aprietas, realizaron un encuentro en la ciudad de Rosario. El MEAB surgió con 18 pymes y hasta hace poco ya llegaban a 122. Todavía hay muchos empresarios que no se animan a denunciar los bloqueos o que ceden a la extorsión y pagan lo que exigen los sindicatos, aunque esté fuera de la ley. Por cierto, por el momento, las grandes entidades empresariales (con excepción de la CAC) no explicitan su respaldo al MEAB ni a las pymes bloqueadas. En otro país, cualquier bloqueo a una empresa no existiría o sería disuelto en pocos minutos por su ilegalidad y una agrupación de víctimas de la extorsión gremial seguramente contaría con el apoyo unánime de los gobiernos, los jueces, todos los empresarios y hasta de muchos dirigentes sindicales, algo que no ocurre en Argentina.
En este encuentro hubo empresarios compartiendo sus traumáticas experiencias, como Ignacio Dos Reis (2 días de bloqueos), dueño de Química Oeste, quien habló de “la angustia y el miedo creciente”. En otro de los paneles, Alejandro Castell, de Andar Transportadora, una pyme de Trenque Lauquen, dio detalles sobre cómo se animó a reunir pruebas de la extorsión aceptando la “invitación” a charlar sobre una supuesta deuda que le reclamaban en la sede nacional del Sindicato de Camioneros, en el barrio de Constitución, donde lo recibió Omar Pérez, uno de los dirigentes de confianza de Hugo Moyano: “Eran 14 en una oficina y yo estaba solo. Discutimos durante dos horas, pero no tenían ninguna constancia de lo que me exigían y no nos pusimos de acuerdo. Por eso se enojaron, se fueron y me dejaron solo. Tuve que bajar las escaleras del edificio vacío, porque era durante la pandemia, y cuando salí pude respirar y hasta el día siguiente veía chalecos verdes (de Camioneros) por todos lados”.
Por el bloqueo contra la pyme de Castell, en 2020, el juez Fernando Caunedo elevó a juicio la causa contra 5 dirigentes del Sindicato de Camioneros (dos de los cuales integran la cúpula que encabeza Hugo Moyano), imputados por el delito de extorsión en grado de tentativa. La deuda que le reclamaban, según la Justicia, nunca se pudo comprobar y era “ilegítima”.
En otro panel, Ariel Rey, también destacó “el papel fundamental” de su esposa, sus hijos y sus padres ante el bloqueo que sufrió su pyme familiar en 2021 ante la demanda del Sindicato de Camioneros de San Nicolás de pasar a los 35 empleados a su convenio.
“Todas las instituciones, como la policía y el Ministerio de Trabajo, nos juegan en contra y por eso el acompañamiento de la familia es esencial: estamos luchando contra un sistema”, sostuvo uno de los responsables de que dos altos directos de Camioneros (el titular del sindicato de San Nicolás, Maximiliano Cabaleyro, y el dirigente Fernando Espíndola, de San Pedro) estén detenidos desde hace 80 días en una celda común, acusados de los delitos de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción. Aun así, el empresario resaltó: “No tuvimos una sensación de revancha cuando se los llevaron detenidos; sentimos que existe la justicia”. El relato de las víctimas de los bloqueos estremeció a los presentes.
En el encuentro del MEAB también hablaron el abogado Alejandro Bongiovanni, de Fundación Libertad, para quien en un bloqueo “no hay colisión de derechos sino un solo derecho vulnerado y un delito muy grave”; el economista y empresario pyme Eduardo Lazzari y Ricardo López Murphy, quien confesó que estaba “conmocionado y admirado por la tarea que desempeñan, por la voluntad de lucha y por defender los principios que hacen a la República y al progreso”.
El cierre del evento, conducido por los empresarios Germán Clausen (3 días de bloqueo) y Bernardo Fernández (10 días de bloqueo), estuvo a cargo de la abogada Florencia Arietto. La sola enumeración que hizo de los casos de bloqueos y de los implicados en las causas causó un fuerte impacto: en un año ya hay 10 dirigentes y activistas sindicales detenidos, 51 imputados y una veintena que irá a juicio en unas 30 protestas extorsivas en casi todo el país. “Es una acción coordinada. No son lobos solitarios. Esto es una asociación ilícita”, concluyó Arietto. Datos concretos que desnudan una situación crítica de aprietes y balaceras contra negocios, comercios y Pymes.
